II. EDUCACIÓN BÁSICA 06

6. INVERSIÓN EN EDUCACIÓN:

RESPONSABILIDAD HISTÓRICA

"Nunca consideres el estudio como una obligación sino como una

oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber"

Albert Einstein.  

Cuando trabajaba como Jefe de la Unidad de Rentas en la Municipalidad distrital de José Crespo y Castillo – Aucayacu, en la década de los ochenta, tuve la “suerte” de viajar a la ciudad de Lima para participar en un evento de carácter municipal “Reactivación Económica de las Municipalidades en el Perú”. Fue una experiencia desastrosa, que resumo en lo siguiente: “Incrementar las tasas de bienes, servicios y multas para obtener mayores ingresos y poder incrementar los sueldos de los trabajadores municipales”. Entiendo que el nivel profesional de los que organizaban el evento era bajo y tenían una fuerte tendencia sindicalista, pero lo que podía captar era el interés de grupo o conveniencia para obtener incrementos de sueldos vía negociación colectiva y la justificación de mayores ingresos. Han pasado casi treinta años de esa famosa “reactivación de rentas” y seguimos viendo resultados contrarios a la eficiencia y eficacia de la gestión de los gobiernos locales, con alguna escasísima excepción; en perjuicio de los contribuyentes y de la  municipalidad, que tiene el rol promotor del desarrollo local.

Esta experiencia en los gobiernos locales, sobre la facilidad de obtener mayores ingresos en favor de los trabajadores, por contar con el privilegio de un nombramiento “para toda la vida”, lamentablemente significa para la mayoría, dejar de lado la meritocracia, como alternativa de  capacitación para mejorar los servicios y ser cada vez más competitivos y comprometidos con el desarrollo local, me parece que tiene relación con lo que pretendo abordar con el problema de la educación en el Perú.

Los resultados de la prueba PISA del 2001 fueron la voz de alarma para saber que en el Perú la calidad educativa estaba en crisis. Según el Informe sobre la Educación Peruana, Situación y Perspectivas de Idel Vexler Talledo, entonces Vice Ministro de Educación, el 54 % de nuestros alumnos alcanzaba el nivel de comprensión más bajo en relación a los 43 países evaluados, con lo que obtuvimos el último lugar y nos retiramos de la siguiente evaluación internacional. Como fruto de esta amarga experiencia el sistema educativo fue declarado en emergencia en el año 2003 y posteriormente se dio importancia al Plan lector para mejorar los niveles de comprensión.

En cuanto a la inversión en Educación por parte del Estado, en la última década el promedio es del 3 % del PBI, reflejando las incoherencias de la inversión, a pesar de las recomendaciones del Consejo Nacional de la Educación y el acuerdo Nacional que tienen como sustento la Ley 28044 aprobado en el 2003 por el Presidente Alejandro Toledo y que literalmente expresa:

“Artículo 83°.- Financiamiento de la educación. El financiamiento de la educación comprende los recursos financieros destinados a obtener y contar con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y servicios necesarios para satisfacer las necesidades educativas de la población, haciendo cada vez más eficiente y equitativa su distribución y utilización.

Anualmente, el Estado destina no menos del 6% del Producto Bruto Interno a la educación estatal. La inversión por alumno se incremente a precios constantes”.

También tiene relación la Resolución Suprema Nº 001-2007-ED firmada por el Dr. Alan García, aprobando el Proyecto Educativo Nacional al 2021, en donde se establece el “Incremento sostenido del presupuesto educativo hasta alcanzar no menos del 6% del PBI el año 2012, estableciendo una secuencia de crecimiento anual que así lo permita” (“Proyecto Educativo Nacional al 2021, política 17, medida a; página 106).

En el periodo de gobierno del Presidente Alejandro Toledo, se logró duplicar los sueldos de los docentes, como una forma de apostar por la educación y compensar a los docentes, con la esperanza de lograr un mayor compromiso con su vocación,  pero no se evidenciaron mejoras de la calidad.

En el periodo de gobierno del Presidente Alan García Pérez, se han hecho esfuerzos desde el Ministerio de Educación de manera vertical, desacreditando a los docentes representados por el SUTEP; en la actualidad existen dos leyes paralelas de la Carrera Pública Magisterial, se han distribuido textos escolares en el nivel primaria y secundaria… Pero lo objetivo y evidente es que según los resultados de las pruebas PISA 2009, nos ubicamos en el puesto 62º de 65 países participantes. Es decir, seguimos de mal en peor, porque no existe el verdadero compromiso de mejorar la educación, no hay un incremento efectivo del presupuesto educativo.

Por lo que me parece que la solución no es duplicar o triplicar los sueldos de los docentes, sino de capacitarlos, según sus especialidades a nivel de postgrado, preferentemente en universidades nacionales que estén acreditadas y garanticen la calidad de la formación académica. Porque existen universidades particulares que no garantizan un buen nivel académico y no tienen mayor compromiso con la educación, más bien tienen interés económico, sin importarles la acreditación universitaria, ni el reto histórico que tiene la educación para encaminar a los docentes por el conocimiento, la ciencia y tecnología, como nuevas formas del desarrollo humano.

Si queremos revertir la situación crítica de la educación peruana, necesitamos hacer algo diferente a lo que se ha estado realizando en los últimos cincuenta años. Necesitamos docentes capacitados para forjar ciudadanos del siglo XXI, los actuales docentes formados con pensamientos del siglo XX ¿estarán preparados para asumir este reto? ¡No, no lo están! Entonces, el camino a seguir, desde mi punto de vista reflexivo y objetivo sería:

1.      El Estado debe invertir en educación no menos del 6 % del Producto Bruto Interno, siguiendo las experiencias de Finlandia que invierte el 6 % de su PBI y de países como Dinamarca, Islandia, Corea, Noruega y Suecia que invierten el 7 % del PBI. Como demostración de coherencia entre la intención y la inversión en educación.

2.      Aprender del modelo Finlandés, respecto a la formación profesional docente en las universidades públicas y privadas acreditadas, con alto grado de selección y rendimiento académico. Que los nuevos profesores del futuro gocen del respeto y reconocimiento por haberse formado en una profesión exigente y de calidad.

3.      Que la nueva Carrera Pública Magisterial continúe su proceso de selección y nombramiento determinado por cuatro años, sin obligar a los docentes antiguos a perder su estabilidad laboral. Al cabo de diez o quince años, se habrá logrado renovarlos por una nueva generación de docentes que saben que la meritocracia es el paso irreversible en favor de la calidad educativa de las nuevas generaciones de peruanos.

4.      Los estudios del nivel de postgrado de los docentes deben ser financiados por el Estado y se deben adecuar a la realidad docente en la modalidad mixta: presencial (periodo vacacional) y a distancia (periodo escolar). Estos estudios deben realizarse en la universidad nacional acreditada más próxima al centro laboral del docente que desea capacitarse.

5.      Los niveles remunerativos deben otorgarse en base a la formación profesional, dedicación y compromiso con la alta responsabilidad profesional. El docente que apuesta por la meritocracia debe percibir un sueldo digno que le permita dedicarse exclusivamente a elevar el nivel académico de sus alumnos.

6.      El cargo de director debe ser por concurso y renovado por el mismo periodo de nombramiento de un docente en la Nueva Carrera Pública Magisterial. Debe tener atribuciones gerenciales de planeación, organización dirección y control para realizar su gestión educativa. Realizando su labor a dedicación exclusiva, gozando de una remuneración acorde a su responsabilidad.

7.      La evaluación anual debe ser entendida como una oportunidad de conocer las deficiencias a ser superadas en el siguiente año escolar, con miras a enfrentar la ratificación del nombramiento.

8.      La responsabilidad de la práctica educativa debe estar en manos de docentes titulados según los niveles y especialidades, corrigiendo errores del Estado de permitir la presencia de profesionales de otras especialidades que han incursionado en la actividad educativa sin la debida formación pedagógica.

9.      Siguiendo las experiencias del modelo finlandés, los centros educativos no deben albergan a más de alumnos de lo que realmente se pueda controlar, especialmente en instituciones educativas, mal llamadas emblemáticas, en las grandes ciudades en donde se inician los problemas de comportamiento grupal (pandillajes, bullyng, violencia juvenil…)

10.  Las instituciones educativas y universidades particulares deben aplicar los niveles remunerativos iguales o superiores al establecido por el Ministerio de Educación y las universidades públicas, para recuperar la calidad educativa, como medida correctiva a la inversión en educación por la inversión privada.

En la actualidad, proliferan instituciones educativas y universidades particulares en provincias, que lejos de contribuir con la formación educativa y profesional de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, han encontrado una buena oportunidad de hacer negocio en perjuicio de los padres de familia, que pagan pensiones para que los propietarios apliquen la ley del embudo: la mayor parte para ellos y migajas para nosotros los docentes.

Espero que el nuevo gobierno nacional corrija este mal llamado “libre mercado” en educación, porque es un compromiso de todos los peruanos apostar por el desarrollo del país a partir de una educación de calidad.